Detectan irregularidades por 592 millones de pesos en Becas Benito Juárez

La Secretaría Anticorrupción informó este jueves que tras concluir una serie de auditorías, se detectaron irregularidades financieras que ascienden a más de 592 millones de pesos dentro del programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Estas inconsistencias fueron identificadas durante la revisión de los padrones de beneficiarios y el flujo de recursos gestionado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el presente ejercicio fiscal.

Los hallazgos señalan discrepancias significativas en la dispersión de apoyos económicos destinados a estudiantes de nivel básico y medio superior en diversas entidades federativas. Según el reporte técnico, el monto observado corresponde a pagos duplicados, beneficiarios que no cumplen con los requisitos de inscripción escolar vigentes o recursos que no fueron debidamente comprobados ante los órganos de fiscalización federales.

El equipo de la Secretaría Anticorrupción ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades entre los funcionarios públicos involucrados en la gestión y distribución de los apoyos. Asimismo, se ha notificado a las instancias pertinentes para que se realicen las aclaraciones necesarias y, en su caso, se proceda con la recuperación de los recursos públicos detectados como irregulares en esta etapa de revisión.

Por su parte, la SEP se ha comprometido a colaborar estrechamente con las autoridades fiscalizadoras para sanear los procesos de asignación de becas y garantizar que los recursos lleguen directamente a los estudiantes que los requieren. La dependencia ha señalado que se fortalecerán los mecanismos de control interno para evitar que este tipo de incidencias se repitan en futuras entregas del programa social.

Este caso se suma a los esfuerzos de fiscalización que el Gobierno Federal ha implementado para asegurar la transparencia en los programas de bienestar. La Secretaría Anticorrupción continuará con las revisiones en otras áreas estratégicas del sector público para asegurar que los recursos destinados a la población sean ejercidos bajo los principios de eficiencia y honestidad.