Familia exige justicia para Ulises Yair tras años de impunidad en Neza
Norma, madre de Ulises Yair, denuncia dilaciones en la investigación por el atropellamiento que dejó a su hijo con paraplejia en 2017.

A nueve años de distancia, Norma, madre de Ulises Yair, continúa exigiendo justicia ante lo que describe como un proceso plagado de omisiones y dilaciones por parte de las autoridades competentes. El incidente, ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl, dejó al joven con una paraplejia permanente tras ser arrollado por un vehículo, marcando el inicio de una lucha legal que se ha prolongado sin una resolución definitiva hasta este 7 de agosto de 2026.
La madre de la víctima señala que desde 2017 el caso ha enfrentado constantes obstáculos burocráticos que han impedido el acceso a la justicia. Según la relatoría de la familia, las investigaciones iniciales fueron insuficientes, lo que dificultó la identificación y sanción del responsable, dejando a Ulises Yair en una situación de vulnerabilidad extrema y sin el apoyo institucional necesario para su rehabilitación y atención médica especializada.
El caso de Ulises Yair es un reflejo de las deficiencias que persisten en las fiscalías locales para atender casos de accidentes viales que derivan en lesiones graves. Norma ha solicitado en diversas ocasiones la intervención de las autoridades estatales para que se revisen los expedientes acumulados, argumentando que el paso del tiempo ha debilitado las pruebas presentadas originalmente y ha enfriado el seguimiento de las carpetas de investigación.
Ante este panorama, la familia mantiene su llamado a las instancias correspondientes del Estado de México para que se agoten todas las líneas de investigación pendientes. La exigencia central se enfoca en que la autoridad ministerial asuma su responsabilidad, brinde celeridad al proceso judicial y garantice la reparación del daño que, hasta el momento, ha recaído casi en su totalidad sobre el entorno cercano del joven afectado.
El caso sigue siendo un referente de la frustración ciudadana frente a los procesos de procuración de justicia en la entidad. Mientras la familia insiste en la necesidad de evitar que este hecho quede en el olvido, las autoridades locales se enfrentan al reto de demostrar avances concretos en la atención de víctimas del delito, en un contexto donde el reclamo social por la transparencia y la eficiencia es cada vez más apremiante.


