Mineros en Sinaloa exigen seguridad tras desapariciones y asesinatos recientes
El sector minero solicita a la administración de Claudia Sheinbaum garantías de seguridad ante la violencia que afecta a sus trabajadores en Sinaloa.

Representantes de la industria minera en México han manifestado su profunda preocupación ante la creciente ola de inseguridad que afecta a los trabajadores en el estado de Sinaloa. La exigencia, dirigida a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca frenar los casos de desapariciones y asesinatos que han marcado a diversas comunidades mineras en los últimos meses, evitando que estas tragedias se conviertan únicamente en cifras dentro de las estadísticas oficiales de violencia.
El sector ha solicitado formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a las autoridades estatales un refuerzo en la vigilancia y estrategias de protección para las zonas de extracción. Los empresarios del ramo señalan que la presencia de grupos delictivos en las rutas de acceso y en las inmediaciones de los centros de trabajo ha generado un entorno de vulnerabilidad constante, dificultando el desarrollo de las operaciones mineras y poniendo en riesgo la integridad física del personal operativo.
Desde el gremio minero se ha propuesto la implementación de mesas de trabajo permanentes con la Guardia Nacional para establecer protocolos de seguridad coordinados. Asimismo, han hecho un llamado para que la Fiscalía General de la República (FGR) agilice las investigaciones sobre los casos de mineros desaparecidos, enfatizando que la justicia es una demanda prioritaria para las familias afectadas que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
La administración federal, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ha señalado anteriormente la importancia de mantener un diálogo abierto con los sectores productivos para atender las crisis regionales. Por su parte, el sector minero insiste en que las medidas de prevención deben ser tangibles y efectivas, permitiendo que la actividad industrial se realice en un entorno de paz social y respeto al derecho a la vida de los trabajadores mexicanos.


