Proyectan dividir la Suprema Corte en dos secciones para agilizar sentencias
El Poder Judicial analiza una reestructuración interna que busca crear dos salas especializadas para desahogar el rezago de expedientes pendientes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contempla una reforma interna orientada a la creación de dos secciones diferenciadas con el objetivo de optimizar la carga de trabajo y acelerar la resolución de asuntos jurisdiccionales. Esta propuesta surge como una respuesta técnica ante el incremento de expedientes acumulados en los últimos meses, buscando mejorar la eficiencia operativa del máximo tribunal del país.
De acuerdo con fuentes cercanas al Poder Judicial, el esquema planteado permitiría una distribución más equilibrada de los temas constitucionales y legales que llegan a la Corte. Al segmentar las competencias, el tribunal busca que cada área pueda especializarse en materias específicas, reduciendo los tiempos de espera para los ciudadanos y las instituciones involucradas en litigios de alto impacto.
La implementación de este modelo se encuentra actualmente bajo análisis técnico por parte de los magistrados y personal administrativo. La intención es que esta división operativa no comprometa la integridad de las decisiones judiciales, sino que proporcione un marco administrativo más ágil que permita atender con mayor celeridad las controversias que requieren una respuesta urgente por parte del Estado mexicano.
Esta reingeniería interna se alinea con los esfuerzos de modernización que diversas áreas del sistema judicial han discutido para enfrentar los desafíos de la carga procesal actual. Aunque el proyecto aún requiere de ajustes normativos para su operatividad total, los integrantes del Poder Judicial mantienen mesas de diálogo para definir los alcances, facultades y la estructura administrativa que sostendría este nuevo modelo de trabajo.
La propuesta destaca la necesidad de adaptar la estructura de la SCJN a las exigencias jurídicas del México contemporáneo. Se espera que, de concretarse el plan, la nueva organización permita una resolución más fluida de los asuntos, fortaleciendo así la confianza pública en la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la impartición de justicia en el país.
