Salomón Jara instala el Consejo contra el desplazamiento forzado en Oaxaca
El gobernador Salomón Jara oficializó la creación de un órgano estatal encargado de coordinar acciones para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno en la entidad.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó este miércoles la instalación oficial del Consejo para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno, un órgano colegiado diseñado para coordinar las políticas públicas frente a este fenómeno social. La ceremonia, realizada en la capital del estado, formalizó la participación de diversas dependencias estatales con el objetivo de brindar atención integral a las personas y familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos agrarios, violencia o inseguridad en sus comunidades de origen.
Durante el acto de instalación, la administración estatal destacó que este consejo funcionará como un mecanismo de articulación entre los niveles de gobierno municipal, estatal y federal. La estructura permitirá sistematizar la información sobre las zonas con mayor incidencia de desplazamiento, facilitando una respuesta más rápida y eficiente por parte de las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos y la seguridad pública en las regiones más vulnerables de la entidad.
El plan de trabajo propuesto por el Ejecutivo estatal contempla la creación de protocolos específicos para el acompañamiento de las víctimas, incluyendo el acceso a programas de bienestar, servicios de salud a través del sistema IMSS-Bienestar y el seguimiento a las carpetas de investigación correspondientes. Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración con organismos autónomos y defensores de derechos humanos para asegurar que las acciones implementadas cumplan con los estándares internacionales de protección a grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el Gobierno de Oaxaca informó que este consejo mantendrá sesiones permanentes para evaluar la situación en los municipios con mayores tensiones sociales. La propuesta es que, mediante este esquema, se logren condiciones de seguridad que permitan, en el mediano plazo, el retorno seguro de los desplazados a sus lugares de origen, siempre que las condiciones de paz social lo permitan y bajo el estricto respeto a la legalidad.


