ONG señala retrocesos democráticos en México bajo administración de Sheinbaum
Human Rights Watch advierte sobre una creciente brecha entre el discurso exterior del gobierno federal y la situación institucional interna.
La organización internacional Human Rights Watch publicó un análisis donde sostiene que México enfrenta retrocesos significativos en materia democrática. El informe, dado a conocer este martes 18 de agosto de 2026, subraya una aparente contradicción entre las posturas diplomáticas que proyecta la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros internacionales y los desafíos que persisten en la realidad política y social del país.
El documento pone especial énfasis en el funcionamiento de las instituciones autónomas y la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Según la organización, existen preocupaciones sobre la independencia de los organismos de contrapeso y el respeto a los procesos democráticos en diversas entidades federativas, lo que ha generado alertas sobre la salud del Estado de derecho en México.
En el ámbito de la seguridad pública, la ONG señala que la estrategia coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, no ha logrado revertir las tendencias de violencia que afectan a múltiples regiones. El análisis sugiere que la militarización de tareas civiles y la centralización de decisiones siguen siendo puntos críticos que dificultan la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.
Por su parte, el equipo de comunicación de la Presidencia de la República ha reiterado en diversas ocasiones que el gobierno mantiene un compromiso con la soberanía y la transformación social. Ante los señalamientos de organismos internacionales, el Ejecutivo ha propuesto fortalecer los mecanismos de diálogo y revisión interna, argumentando que las reformas impulsadas en el Congreso de la Unión buscan garantizar la eficiencia de los servicios públicos y el bienestar de la población.
La controversia ocurre en un momento en que el gobierno mexicano busca consolidar su agenda de política exterior ante diversos organismos multilaterales. Mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene una postura de apertura al escrutinio internacional, la realidad interna, marcada por tensiones con el INE y la SCJN, sigue siendo el principal foco de atención para los observadores de derechos humanos.
